Recurso de Reclamación Busca Revocar Resolución de Calificación Ambiental del Proyecto de Líneas de Transmisión Eléctricas Punilla-San Fabián Fotos: Joseph Martin

En horas de la mañana de este miércoles  5 de diciembre el abogado de la ONG Defensa Ambiental, Ricardo Frez, interpuso un recurso de reclamación ante el Servicio de Evaluación Ambiental de Ñuble, representando a cerca de 200 personas afectadas por la construcción de las torres de alta tensión del Embalse Punilla en la comuna de San Fabián.

Ante el evidente impacto de las líneas de transmisión eléctrica que el proyecto pretende levantar a lo largo de aproximadamente 23 kilómetros por el borde de la ruta N31, acceso principal a los destinos turísticos más importantes de la zona,  los vecinos que impulsan esta medida como personas naturales o desde organizaciones comunitarias, alegan la incoherencia entre el proceso de participación ciudadana desarrollado durante la evaluación ambiental que terminó por dar luz verde al embalse durante el mes de octubre,  y los términos de su ejecución, que desconocen por completo las observaciones presentadas por la comunidad, constituyendo una importante irregularidad.

“El recurso se funda en todo el proceso de participación ciudadana que se llevó adelante durante la evaluación ambiental de las torres de alta tensión del Embalse Punilla, donde participó gran cantidad de vecinos y se hizo un montón de observaciones. Correspondía al titular hacerse cargo de las observaciones que planteó la comunidad de San Fabián y la gente que visita la zona, pero nos encontramos con que entregaron un documento de más de mil hojas que tiene un montón de información, pero en lo real no aborda adecuadamente las observaciones que plantearon las comunidades. Constatamos incluso que hay lugares y observaciones que ni siquiera fueron contemplados, ni siquiera existen. Tenemos el certificado de que la observación se presentó pero no figura en la evaluación”, sostuvo Frez.

 

El proyecto sostiene su inocuidad a nivel humano, sin embargo, fue la propia comunidad la que hizo explícitos sus aspectos nocivos durante la evaluación y, de acuerdo al abogado, “el titular se negó hasta el final a reconocerlo, cuestión que nos parece preocupante, también que el SEA lo haya avalado”. El recurso de reclamación busca la anulación de la Resolución de Calificación Ambiental,  es decir, del permiso ambiental que obtuvo la empresa italiana Astaldi, por considerarlo ilegal, en tanto infringe una serie de normativas de derecho ambiental que no fueron consideradas.

Si bien en esta instancia el representante de los afectados considera altamente probable que el comité de ministros pueda rechazar la presentación, indicó que en tal escenario la búsqueda de solución continuaría por la vía administrativa: “En ese caso recurriremos a los tribunales ambientales, que es donde realmente esperamos que esto se resuelva con un análisis técnico imparcial, que aborde efectivamente los aspectos técnicos de la evaluación, donde nosotros tenemos total seguridad de que se van a considerar estos puntos, porque son cuestiones que saltan a la vista”, enfatizó.

Richard Fuentes González, uno de los vecinos que asistió apoyando la medida, expuso la forma en que la instalación de las torres afectan, no solo a nivel medioambiental, sino que al foco económico irradiador de la comuna: “No nos tomaron en cuenta como afectados del proyecto de torres de alta tensión. Nosotros no nos opusimos a este proyecto, por el contrario, propusimos que pudiera hacerse de manera subterránea que para que tuviese el menor impacto posible en el medioambiente, pero ni siquiera creo que pensaron en hacer eso, no nos consideraron”, relata, “ todas las personas que vivimos ahí, y durante los años que dure la construcción, estaremos afectadas por la tremenda cantidad de camiones, buses y gente. Afecta visualmente y para la forma de vida que tenemos nosotros. La base de toda la economía del sector es el turismo, porque incluso si nosotros producimos chivos, corderos…  lo que nosotros produzcamos, lo vendemos al sector turístico y esa es la base, aunque yo no me dedique al turismo directamente, indirectamente vivo de él. Como ganaderos, las ventas van a bajar y los afectados vamos a ser todos”.

Al respecto, la diputada Loreto Carvajal se refirió a la necesidad de acompañar la medida interpuesta con la fiscalización del cumplimiento efectivo del plan social: “Creo que lo que correspondería es que el ministerio demuestre que todos aquellos casos de familias relocalizadas de acuerdo a la proyección que se hizo, están con el plan social cubierto, están con las indemnizaciones pagadas y están relocalizadas. La verdad es que eso no ha ocurrido y a nosotros nos llama la atención la falta de servicios, la falta de responsabilidad que hay detrás de esto que no solo acarrea un tema técnico, sino un aspecto social”. Junto con esto, la parlamentaria señaló: “Este proyecto fue iniciado con la institucionalidad que había desde la Región del Biobío, nosotros creemos que hoy es necesario que se revise la competencia, que haya un consejo de ministros que observe justamente, con lujo de detalle, cuáles son los aspectos que conlleva este proyecto y que de una vez por todas terminemos con delegar y hacernos los lesos respecto a las obligaciones que nos corresponden ahora a la región de Ñuble. No solo los organismos técnicos institucionales, sino también las autoridades. Estamos hablando de vecinos de una comuna donde las cifras de pobreza son altas, donde no ha habido desarrollo, donde no ha habido respaldo del Estado, tampoco acciones en vivienda, en seguridad, en desarrollo o empleo (…) si tenemos región nueva, fiscalicemos nosotros, generemos las competencias nosotros, seamos nosotros capaces de darle la cara a los vecinos”.

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