Ñuble contra el TPP 11: Los argumentos de la coordinadora local Foto: Medium

Por: Coordinadora NO al TPP-11 Ñuble

Todas y todos somos testigos de la degradación y crisis planetaria en términos del medio ambiente y social, que la lógica de privatización, explotación y extractivismo neoliberal ha causado durante las últimas décadas en Chile y el mundo. Existiendo hoy índices de contaminación alarmantes, afectando gravemente la salud de las personas y la biodiversidad. La ideología neoliberal, comprende la humanidad y la sociedad sólo en relación a la economía, negando y precarizando de forma preocupante las garantías laborales, de calidad de la salud y educación públicas, del cuidado del medioambiente y de una participación ciudadana informada y vinculante. A la vez que la privatización y el rol subsidiario del Estado en Chile, han incidido en un grave aumento de las desigualdades e inequidades, aspectos que el neoliberalismo ignora y naturaliza.

En este sentido, este tratado, que para Chile reproduce y termina por anclar dichas lógicas de explotación humana y natural; acrecentará y causará aún más conflictos y crisis socioambientales, vulnerándose aún más, por ejemplo, el Derecho a la Dignidad como Derecho Humano Fundamental, lo que terminará acrecentando los desacuerdos, brechas y conflictos ya existentes entre el gobierno y la sociedad civil.

Los seres humanos y la biodiversidad somos parte de la naturaleza de este mundo, y como tal, necesitamos y tenemos el derecho a desarrollarnos en un ambiente propicio para ello, lo que actualmente está gravemente amenazado, dada la devastación de nuestro entorno y la explotación humana por buscar el crecimiento económico, que en nuestro país no ha garantizado más que el interés de las ganancias de unos pocos que negocian, gobiernan y/o legislan a costa de nuestra dignidad. Los índices actuales de enfermedades como el cáncer, diabetes, dificultades respiratorias, depresión, estrés, y otras; demuestran la crisis de un sistema y accionar políticos que no han puesto foco en la construcción de políticas públicas que se interesen por garantizar un entorno para el desarrollo y buen vivir de las personas y todos los seres que habitan la Tierra, lo cual implica poner límites a las lógicas devastadoras y de explotación. Resulta inaceptable que los programas sociales y decisiones públicas enfocados en garantizar la provisión de salarios, bienes y servicios de calidad a la ciudadanía, resulten una amenaza para los intereses empresariales, y se prioricen estos últimos a costa de nuestros derechos fundamentales.

En este sentido, El TPP-11 congela cualquier oportunidad del país de crear o generar cambios de forma soberana en dichas políticas, que resultan urgentes para la supervivencia humana y del entorno, políticas que otros países firmantes del TPP-11 ya tienen garantizadas, como la salud y educación públicas de calidad, derechos laborales y salarios dignos, políticas medioambientales, de previsión, política industrial, desprivatización, etc. Este tratado explicita que los países firmantes pudiesen ser demandados por las empresas transnacionales y grandes corporaciones, pidiendo compensación por haber impulsado o modificado políticas públicas que les perjudiquen en sus expectativas de rentabilidad, en sus ganancias, por ejemplo, en caso de modificar o eliminar el sistema de las AFP, o impulsar la recuperación y estatalización del agua, etc.; ello podría ser demandado y luego revisado ante tribunales internacionales creados por este tratado, denominado como “Sistema Internacional de Resolución de Controversias”.

Cabe preguntarnos: ¿Queremos someternos una vez más a los intereses insaciables de las empresas transnacionales y corporaciones? ¿Queremos someternos a otro tratado creado por abogados y lobbistas de las multinacionales y no por personas y/o organismos que se interesen principalmente por el bien de la ciudadanía? ¿Queremos seguir limitándonos como país a la posibilidad de avanzar soberanamente en políticas públicas que sí responden al interés de la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas como es la protección de los territorios, el agua, el mar, la vida, la dignidad de todos y todas? ¿Somos conscientes del daño humano y socioambiental que el priorizar la economía sobre las necesidades de las personas y el entorno ha generado en las últimas décadas?

La soberanía radica en la posibilidad de las comunidades de decidir eficazmente los modos de satisfacer sus necesidades y concretar sus objetivos. Sin embargo, existe un modelo de desarrollo imperante en nuestro país, desde los que ya hay veinte y tantos TLC vigentes, en que el TPP-11 resulta como uno que viene profundizar y radicalizar dicho modelo de privatización y devastación, posicionando a Chile como país exportador de materia prima, que para las transnacionales y corporaciones empresariales chilenas significan ganancias económicas, pero a nivel territorial, significa destrucción de nuestros recursos naturales, la biodiversidad, el agua, que sin ellas, no se puede vivir. Ya tenemos el ejemplo de las zonas de sacrificio como Quintero-Puchuncaví, el Wallmapu y las forestales, los relaves y la sequía en el norte, etc… Y por qué no mencionar lo recientemente ocurrido con el derrame de petróleo en Osorno, dejando sin agua potable a toda la ciudad ya por 4 días seguidos.

¿Por qué más razones decimos no al TPP 11? En el artículo 18.7 del tratado, se obliga a los estados tratantes a ratificar el convenio UPOV 91, convenio que está aprobado en Chile, más no ratificado. ¿De qué trata este convenio? Siendo uno de los puntos más delicados y preocupantes del TPP-11. 

Sus siglas refieren a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), que es una organización intergubernamental. Este convenio da paso libre a la modificación genética de la semilla, los famosos transgénicos, manejo que sabemos afecta a las semillas de los campos vecinos por polinización y contamina el suelo y las napas, ya que requieren el uso de pesticidas para su crecimiento, como el glifosato de Monsanto que ya se comprobó, son causantes del cáncer. Además, el UPOV 91 implica la implementación de un “sistema de protección” de las variedades vegetales, que privatiza la semilla, criminalizando su producción de un año para otro, al menos de que se pague a quien sea “dueño o dueña” de dicha variedad. Criminaliza también el guardar, intercambiar, vender y hasta poseer semillas. ¿De qué estamos hablando? La semilla es de la Tierra, y quienes la protegemos y trabajamos sabemos que no es un bien privatizable. En este sentido, este tratado atenta con el cuidado y manejo ancestral, natural e histórico de la semilla. Afectando directamente la tradición de los pueblos originarios y la tradición campesina.

Está claro que este no es un tratado enfocado únicamente al comercio, sino que trastoca la política social, de medioambiente y la soberanía nacional. Violándose incluso, el convenio 169 de la Organización internacional del trabajo (OIT), convenio que indica que los gobiernos deben reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de los pueblos y respetarse la integridad de sus valores, prácticas e instituciones. No se realizó consulta indígena, proceso obligatorio del convenio, que permite una participación efectiva de los pueblos originarios en las medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles. Ni siquiera se informó a la ciudadanía sobre este tratado, incluso lo poco que hay de información desde el gobierno, se entrega tergiversado o irresponsablemente desinformado o analizado a medias. Lo cual nos parece absolutamente inaceptable e injusto.

Por otro lado, más de las implicancias del TPP11 es que limita la creación de softwares libres. Y considera delito la descarga libre de información de internet o colgarse de señales satelitales. En cuanto a los fármacos, el TPP-11 resulta un bloqueo a los medicamentos genéricos, dado que extiende la protección de datos o patentes de 5 a 8 años, sin restringir los precios de los mismos. Por último, en referencia al ámbito laboral, no reconoce el derecho a huelga, jubilación, ni vacaciones pagadas, pre/post natal…

Por todo lo señalado, exigimos a los senadores Alejandro Guillier, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos Weber, Iván Moreira y Manuel Ossandon de la comisión de Relaciones exteriores del senado, legislar a favor de los derechos humanos y RECHAZAR el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico TTP-11, y exigir que se cumpla con el convenio 169 de la O.I.T en lo que refiere al proceso de Consulta Indígena. Por un futuro digno para todos y todas, y la superviviencia de la humanidad y todos los seres, pues no es el cambio climático, es el modelo de desarrollo, que no ha impulsado más que la devastación y el deterioro del entorno y de todos quienes lo habitamos.

 

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