Ñuble: Pobreza económica y medioambiental agudizada por las alzas y abusos en el sector energético

Diferentes regiones de Chile se mantienen en estado de alerta ante las alzas de las cuentas eléctricas, cuyos efectos se extienden a aristas diversas como las tarifas del transporte público en la región Metropolitana o el valor de los dividendos hipotecarios en la de Magallanes que, pese a no formar parte del Sistema Interconectado Central, resentiría esta medida promovida por la Comisión Nacional de Energía debido al impacto en el IPC nacional y en el valor de la UF.

Ñuble no está exento de repercusiones que este viernes 10 de mayo abordó para la prensa el ex consejero regional Cristian Quiroz, centrándose en los aspectos que hoy tienen en el punto de mira de la ciudadanía a la administración  y fiscalización de un servicio básico a través del que se concretan vulneraciones a niveles directos e indirectos.

POBREZA ECONÓMICA Y MEDIOAMBIENTAL EN LA NUEVA REGIÓN

“Se ha hecho ya una práctica común, y lamentablemente también legal, el abusar de las personas, particularmente de Ñuble, pero en todo el país en materia energética. Coincide también en un período en donde cuentas de la luz tienden a subir de forma natural, porque tenemos mayor uso de medios de electricidad. En invierno siempre ha sido así”, señala Quiroz. “Chillán es la capital regional con la tasa promedio de salarios más bajos del país, donde un número importante de personas se encuentran bajo la línea de la pobreza, y por lo tanto el tema se torna más crítico, afectando de manera más dura al bolsillo de las familias”, abunda.

No solamente advierte el factor económico, sino también una de las grandes deudas con la que diferentes administraciones han lastrado a la intercomuna de Chillán-Chillán Viejo, la crisis medioambiental que las mantiene con restricción de uso de calefactores de leña entre los meses de enero y septiembre, y cuyos alcances en otras zonas de la región todavía se desconocen: “Alguien tiene que defender no solamente el bolsillo de la gente, de las familias, sino que además defender el medioambiente y la salud de las personas”, indica el ex CORE, haciendo referencia a la falta de autoridades que se responsabilicen por buscar alternativas y soluciones para ambas realidades en las que profundiza señalando datos que dan cuenta de la urgencia:

“El año pasado, año 2018, según datos oficiales del Ministerio del Medioambiente, Santiago tuvo 33 episodios de Alerta Ambiental, mientras que Chillán vivió 29 Alertas. Las Preemergencias fueron  7 en Santiago y en Chillán llegamos a 26. Y ya en materia de Emergencia Ambiental, Santiago registró 0 Emergencias y Chillán sufrió 22 episodios de Emergencia Ambiental. Son datos suficientes para que las autoridades regionales y nacionales comprendan que fenómeno en Chillán es mayor y no se limita al ámbito energético. Está en juego la salud de las personas y de salud del ambiente”.

Con estos antecedentes sobre la mesa, afirma la necesidad de enfrentar el problema con medidas que no se limiten a evitar las alzas que estima pueden alcanzar hasta un 25% de acuerdo a las proyecciones y la parcialización de su incorporación:  “Necesitamos también un subsidio que favorezca el uso de fuentes de energía más limpias, o bien, un fondo de compensación que permita actuar en forma automática cuando vienen estas alzas en la cuenta de la luz, porque al subir las cuentas de luz, obviamente la gente prefiere usar la leña, con todas las implicancias que tiene para nuestro medioambiente. Llama profundamente la atención que, teniendo los niveles de contaminación que tenemos, no se arbitren las medidas efectivas y año tras año tengamos que enfrentar el mismo problema”.

 

#YONOCAMBIOMIMEDIDOR: CIUDADANÍA CONTRA LAS IRREGULARIDADES Y  ABUSOS AL CONSUMIDOR

También vinculada a Ñuble, la Central El Campesino, proyecto termoeléctrico que pretendía instalarse en la comuna de Bulnes, encontró una fuerte oposición de la comunidad organizada para frenar su construcción, quedando finalmente paralizado, hizo noticia durante las últimas horas al encontrarse entre los cargos asociados a los servicios eléctricos $120 mensuales por domicilio, atribuidos al abastecimiento provisto al Sistema Interconectado Central. Explica Quiroz: “La central El Campesino no existe, por tanto, malamente puede estar suministrando una energía que permita justificar este cobro, ya que evidentemente no la produce. Desde el lanzamiento de la idea de su construcción ha sido una muy mala vecina para la comunidad de Bulnes y alrededores, de hecho se encuentra con un conjunto de observaciones que la mantienen con luz roja, lo que debiese haber impedido que este 1 de enero comenzara a correr el cobro, como estipulaba el contrato original, pero nos enfrentamos a esta irresponsabilidad que constituye un nuevo abuso por parte de las autoridades del sector”.

Señala lo anterior refiriéndose a la aparentemente zanjado recambio de medidores de consumo eléctrico, activando en la región la campaña #YoNoCambioMiMedidor, que llama a la comunidad a marcar con adhesivos los dispositivos de sus domicilios y a mantenerse activos frente al contexto de abusos: “El llamado es a estar atentos y a no permitir que se nos avasalle, a no permitir que estas grandes empresas abusen, muchas veces con la complicidad de las autoridades de gobierno o del propio parlamento”, indica y añade: “Hay personas a las cuales ya se les está cobrando desde hace tiempo el cambio de medidor, lo han estado pagando, y si es que aún no se les ha instalado el medidor, también deben ser obviamente recompensados, se les tendrá que devolver de forma retroactiva. Sobre todo lo que queremos con esta campaña es poner la voz de alerta, llamar a las personas a estar atentas. Vamos a distribuir estos adhesivos en diferentes sectores de la ciudad, porque nadie, sin el consentimiento de la dueña de casa o del dueño de casa, puede ingresar y quitar el medidor. Eso sería un hurto, es una figura penal”, sentencia.

La convocatoria ciudadana busca romper el cerco de la desinformación y mantener vigente una temática que actualmente está siendo discutida a nivel legislativo, evitando su postergación: “Hoy día en el Senado de la República hay tres proyectos de ley -de Chahuán, Bianchi y Navarro – que  se han refundido en un solo proyecto que busca que el cambio de medidores sea voluntario, porque una empresa no puede imponerle a una familia el cambio de su medidor. Lo segundo, que los nuevos aparatos estén certificados y garantizados. Lo tercero es que tienen que ser gratuitos y acompañados por una indemnización del retiro del actual medidor.  Y por último, que estén sujetos a normas de privacidad y seguridad efectiva, que garantice que la información que puedan recopilar no sea utilizada con otros fines”, resume Quiroz.

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